En 1878, un joven copista llamado Charles Thomas Marvin cometió lo que muchos considerarían un acto de espionaje menor: copió un tratado secreto entre Gran Bretaña y Rusia y lo vendió a un periódico. Este incidente aparentemente trivial desencadenó el pánico en el establecimiento británico y condujo directamente a la creación de la Official Secrets Act de 1889, una ley que transformaría fundamentalmente cómo el Reino Unido maneja la información clasificada y que permanece, con modificaciones, vigente hoy.
El contexto del Gran Juego
Para comprender el significado de la filtración de Marvin, es esencial entender el contexto geopolítico. En el siglo XIX, Gran Bretaña y Rusia estaban envueltas en una rivalidad estratégica conocida como el Gran Juego, una competición por la influencia en Asia Central y el acceso a India, la joya del Imperio Británico. Cada movimiento diplomático, cada tratado secreto, cada alianza tenía implicaciones potencialmente enormes. Los tratados y acuerdos secretos entre potencias eran herramientas estándar de la diplomacia, pero su efectividad dependía del secreto. Si los detalles se filtraban, los oponentes podían contraatacar, los aliados potenciales podían retirarse, y las ventajas estratégicas se evaporaban. Charles Thomas Marvin trabajaba como copista temporal en la Oficina de Relaciones Exteriores. Su trabajo era copiar documentos a mano, una tarea tediosa pero que requería acceso a material altamente sensible. En 1878, Marvin tuvo acceso a un tratado secreto entre Gran Bretaña y Rusia relacionado con cuestiones en Asia Central. Reconociendo el valor de la información, Marvin memorizó los detalles clave o hizo copias no autorizadas. Posteriormente vendió la información al Globe, un periódico londinense, que publicó los detalles del tratado secreto.
La creación de la Official Secrets Act
En respuesta directa al caso Marvin y a las preocupaciones más amplias sobre el espionaje, el gobierno británico impulsó la legislación. La Official Secrets Act de 1889 fue el resultado. La ley criminalizaba la divulgación no autorizada de información oficial. Cualquier persona que obtuviera o comunicara información que pudiera ser útil a un enemigo cometía un delito. Las penas incluían prisión. Crucialmente, la ley no requería prueba de intención de dañar al Estado, solo que la información se hubiera divulgado sin autorización. Esto marcó un cambio radical. Anteriormente, la carga de la prueba exigía demostrar intención maliciosa. Ahora, el mero acto de divulgación era un delito. La ley también expandió el alcance para incluir no solo a empleados gubernamentales sino a cualquier persona que recibiera información clasificada.
Casos famosos bajo la ley
A lo largo del siglo XX, numerosos casos involucraron la Official Secrets Act. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, espías alemanes fueron procesados. La Guerra Fría vio casos de espionaje soviético. En 1985, Clive Ponting, funcionario del Ministerio de Defensa, filtró documentos sobre el hundimiento del crucero argentino Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Fue procesado bajo la Official Secrets Act pero absuelto por el jurado, un veredicto interpretado como el rechazo público al uso de la ley para ocultar la vergüenza política. El caso de David Shayler, oficial de MI5 que reveló operaciones ilegales, generó debate sobre la protección de los whistleblowers versus la seguridad nacional. Fue encarcelado bajo la Official Secrets Act. Las críticas persistentes llevaron a reformas. La Official Secrets Act de 1989 reemplazó la Sección 2 draconiana de la ley de 1911, enfocando las protecciones en áreas específicas: seguridad e inteligencia, defensa, relaciones internacionales, información relacionada con el crimen. Las nuevas provisiones intentaron equilibrar el secreto con la necesidad de transparencia.